Las familias paraguayas evocan hoy el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo para rescatar a los hombres del mal y enseñarles el camino de la superación personal y colectiva. Por ser el nuestro un país mayoritariamente creyente, estas fechas deben constituir una ocasión propicia para meditar acerca del alcance que el mensaje de Cristo tiene en la conformación de los diversos escalones de nuestra organización política y social. Lamentablemente, a la luz de los hechos registrados, percibimos muchas señales inquietantes que dan cuenta de la creciente brecha que existe entre los valores cristianos que decimos profesar y la realidad que construimos con nuestro accionar diario.
Las familias paraguayas evocan hoy el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo para rescatar a los hombres del mal y enseñarles el camino de la superación personal y colectiva. Por ser el nuestro un país mayoritariamente creyente, estas fechas deben constituir una ocasión propicia para meditar acerca del alcance que el mensaje de Cristo tiene en la conformación de los diversos escalones de nuestra organización política y social. Lamentablemente, a la luz de los hechos registrados, percibimos muchas señales inquietantes que dan cuenta de la creciente brecha que existe entre los valores cristianos que decimos profesar y la realidad que construimos con nuestro accionar diario.
Producto ciertamente de esta peligrosa incoherencia entre los principios que se enuncian y los actos que se ejecutan, se puede constatar que el Paraguay es un país rico empobrecido por la incompetencia y la corrupción; una nación que, a pesar de contar con vastos recursos naturales, continúa ostentando escandalosos niveles de inequidad y pobreza extrema, llegando esta, según las últimas mediciones, a un total de aproximadamente 1.200.000 personas, un indignante 20% de la población.
Gran parte de estos paraguayos que están sumidos en humillantes índices de indigencia se encuentra principalmente en áreas rurales. Esto sucede aun cuando los sucesivos gobiernos nacionales que tuvimos en el país desde 1936 hasta la fecha se pasaron la mayor parte del tiempo anunciando pomposamente la implementación de una “reforma agraria” que en la realidad nunca lo fue, porque de lo contrario no se explica la inmensa cantidad de agricultores y campesinos que no tienen tierra para labrar o que, si la poseen, carecen de conocimientos para hacerlo de manera rentable, huérfanos de crédito y apoyo estatal.
Igualmente, el déficit en materia educativa existente en el país es realmente alarmante. Aun entrados en el siglo XXI y a pesar de ser un país con una población relativamente baja, todavía tenemos más de 300.000 compatriotas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. Si a esto se suma la cifra de analfabetos funcionales, es decir, incapacitados para comprender lo que leen, estamos en condiciones de conocer las severas limitaciones que tienen amplios sectores de la población para acceder a un puesto laboral de calidad.
A ello, entre otros factores, puede atribuirse el hecho de que en el Paraguay existan actualmente más de 260.000 jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan, así como 100.000 adolescentes que solo trabajan y no estudian.
Gran parte de este severo estancamiento se debe a una clase dirigente incompetente, incapaz en su inutilidad de encontrar los instrumentos y arribar a los consensos necesarios para producir un salto de calidad en la educación de nuestro pueblo.
Pero ello no solo debe ser atribuido a la manifiesta ineptitud de los dirigentes, sino también a la extendida deshonestidad que afecta por igual a los estamentos políticos, profesionales, sindicales y empresariales. La maldita corrupción, por la cual unos pocos se enriquecieron y se enriquecen a costa de la horrorosa miseria de cientos de miles de compatriotas, es la principal responsable de haber privado al Estado de la posibilidad de contar con los recursos para invertirlos en el progreso de la gente, en educación, salud, vivienda, obras de infraestructura, etc.
No en balde la organización Transparencia Internacional ubicó a nuestro país en el segundo lugar del denigrante ránking de los países más corruptos de América Latina, apenas superado por la Venezuela del déspota Hugo Chávez. No es seguramente fruto del azar que año tras año, de manera inalterable, el Paraguay lidere las mediciones realizadas por la institución citada, las cuales, además, se basan en índices de percepción de la propia población de los países evaluados.
De hecho, según un estudio presentado recientemente por la Contraloría General de la República, en el año 2010 –el segundo de la administración encabezada por Fernando Lugo– el daño patrimonial sufrido por el Estado paraguayo a raíz de la corrupción fue superior a los 640.000 millones de guaraníes.
Estos datos alarmantes deben llamarnos a una profunda reflexión, no solamente a las autoridades de los tres Poderes del Estado, sino también a las organizaciones de la sociedad civil y a toda la ciudadanía en general. A las primeras, para ejercer presiones y protestas buscando revertir este deplorable estado de cosas, y a los otros, para controlar entre todos la honestidad de aquellos a quienes se han confiado labores gubernativas y administrativas.
Cuando gobernantes y gobernados reaccionemos con firmeza y perseverancia buscando término a esta situación de atraso y subdesarrollo en que nos mantienen sumidos personas corruptas, estaremos en condiciones de celebrar unas fiestas de Navidad mucho más gratificantes que las actuales.
Esperemos que la luz que el Niño Jesús trajo al mundo con su nacimiento continúe inspirando a los paraguayos de bien para seguir trabajando con entusiasmo en la construcción de una patria con oportunidades para todos los que la habitamos, más honesta y más justa.
25 de Diciembre de 2011 00:00